« Modelos y resultados de los organismos territoriales contra la corrupción pública en España ¿Qué lecciones podemos aprender? », por Alberto Vaquero García y María Cadaval Sampedro, publicado en la Revista Española de la Transparencia (n°20, julio-diciembre 2024).
A raíz de los numerosos escándalos que han afectado a la gestión de sus finanzas públicas, especialmente en el ámbito municipal, España ha puesto en marcha notables esfuerzos y medidas para combatir la corrupción en las dos últimas décadas. En este artículo, Alberto Vaquero García y María Cadaval Sampedro nos ofrecen su análisis de los diferentes modelos de órganos territoriales creados para prevenir y combatir la corrupción en el ámbito público. Su conocimiento y propuestas de mejora son esenciales para optimizar su funcionamiento en una administración descentralizada como la española.
Esta descentralización se refleja en la diversidad de modelos organizativos e institucionales puestos en marcha en la lucha contra la corrupción. Los autores elaboran una tipología en cuatro partes: instituciones especializadas con múltiples competencias (organismos independientes o autónomos que cubren diversas funciones como investigar, sancionar y prevenir la corrupción), departamentos penales especializados (secciones dedicadas a perseguir delitos relacionados con la corrupción, como la Fiscalía Anticorrupción de España o la Fiscalía Europea), agencias con funciones exclusivamente preventivas (prevención de la corrupción a través de políticas o campañas educativas), y por último, departamentos o secciones de instituciones nacionales o regionales con funciones preventivas (servicios especializados en la prevención de la corrupción e integrados en instituciones de control nacionales o regionales, como la sección de prevención de la corrupción del Consello de Contas de Galicia).
A escala europea, nacional y local, los autores nos muestran que un marco jurídico y normativo acompaña y refuerza estas iniciativas. Desde el informe de la Comisión Europea de 2014, la Unión Europea ha expresado una gran preocupación por la lucha contra la corrupción y ha introducido medidas de transparencia (como la Directiva 2014/24/UE, que obliga a los Estados miembros a prevenir y corregir la corrupción en la contratación pública, o la Directiva 2019/1937, que protege a los denunciantes). A nivel nacional, el Gobierno español está poniendo en marcha iniciativas como las Orientaciones para la Prevención de la Corrupción y la Guía para la Aplicación de Medidas Antifraude para garantizar que los mecanismos existentes cumplan los requisitos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), así como determinadas leyes (Ley 9/2017 de contratación pública, Leyes 2/2023 y 3/2023 que refuerzan la protección de los denunciantes y mejoran la denuncia de actos de corrupción). Desde una perspectiva local, varias regiones (la Oficina Antifraude de Cataluña o la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana) y grandes ciudades (Madrid y Barcelona) también han creado sus propias estructuras anticorrupción.
El artículo destaca los resultados de un análisis de datos de agencias anticorrupción. Muestra que la contratación pública es una de las áreas más afectadas por la corrupción. Representan entre el 2% (Barcelona) y el 11,3% (Valencia) de las denuncias, dependiendo de la agencia antifraude y anticorrupción. Por último, este análisis revela que persiste el reto de la lentitud de los procedimientos de investigación (55% de las denuncias en curso en 2023), así como la falta de coordinación y recursos de las agencias, lo que merma su eficacia.
Para remediarlo, los autores proponen una serie de recomendaciones. En primer lugar, es esencial una supervisión permanente de la gestión pública, en particular en el ámbito de la contratación pública, que representa una parte importante del gasto público. En segundo lugar, es una necesitad de promover la transparencia y la ética, mediante una mejor formación y una mayor independencia de los funcionarios, pero también protegiendo a los denunciantes. Como ya se ha mencionado, otro reto es la falta de coordinación entre los organismos anticorrupción como consecuencia de la descentralización administrativa en España. Sería necesario clarificar y especializar sus funciones para evitar la confusión en sus misiones. De forma más general, la falta de recursos financieros y humanos compromete su correcto funcionamiento. Por último, es fundamental garantizar la independencia política y la formación del personal, así como fomentar la realización de estudios y evaluaciones. Aunque se han realizado progresos significativos, Alberto Vaquero y María Cadaval Sampedro nos muestran que todavía son necesarios ajustes para que la lucha contra la corrupción sea más eficaz en España.
Céline Le Bars
El artículo completo está disponible en el sitio web de la Revista Española de Transparencia.
